Apuntes sobre la parcialización de la Conferencia Episcopal y su papel de mediación en el diálogo nacional de Nicaragua. Primera parte

Los hechos acaecidos desde el 18 al 22 de abril dejó al descubierto una intentona de toma del poder (más allá de los hechos violentos), por los grupos y caras públicas que figuraron de una u otra forma por conseguir espacios desde donde ejercerían presión e incidencia en lo que consideraban ya un éxito, la disolución del gobierno.

Mientras las protestas se daban lugar, personajes que pronto tendrían un papel protagónico por su beligerancia en la imposición de sus propias posturas políticas figuraron inmediatamente. Uno de los episodios que denotó claramente esto fue el uso de la catedral como punto de acopio de víveres para los manifestantes, además de servir como sitio de concentración para estas personas. Hasta ahí todo bastante normal, la iglesia refugia a jóvenes que están siendo dispersados por la policía.

El argumento que se presentó desde ese momento hasta hoy, es que los que se movilizaban en la manifestación (en su momento por la derogación de las reformas del INSS, ahora por la disolución del estado) estaban desarmados.

El jueves 19 de abril cae un policía asesinado (Hilton Manzanares Alvarado) en los disturbios de las zonas aledañas de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), y el sábado 21 ya posterior a la ocupación de la catedral por parte de los manifestantes autoconvocados, cae asesinada por un balazo la policía Juana Francisca Aguilar  (END) en las inmediaciones de la rotonda Cristo Rey mientras restablecía el orden. Ambos hechos fueron abordados por los medios nacionales con menor énfasis en comparación a las manifestaciones. Si hay agentes del orden muertos, hay armas.

Señalamos el hecho que habían elementos armados ajenos a la policía que estuvieron en medio de los manifestantes, y además dispararon contra la población estuviera o no dentro de la protesta, mencionamos dos casos a modo de ejemplo donde armados no identificados abren fuego contra pasantes: Nelson Tellez Huete y Juan Carlos Lopez Martinez, 20 de abril, transeúntes que no particiapaban de las protestas, en Ciudad Sandino; y Darwin Manuel Urbina que fue disparado cuando caminaba de regreso del trabajo a su casa en el sector de la UPOLI el 19 de abril, el mismo día y escenario de Hilton Manzanares Alvarado.

La existencia de personas armadas al margen de la ley accionando para generar víctimas es bastante claro, y medios como La Prensa, Confidencial y 100% Noticias los señala como policías o parapolicías sin más fundamento que su propia afirmación, a pesar de que los afectados no son manifestantes solamente; de hecho, en esa semana la mayoría son civiles que no estaban involucrados en las marchas. En este aspecto deben hacerse las investigaciones pertinentes, puesto que deja de tener sentido una narrativa donde la policía es la que además de atentar contra la vida de manifestantes y civiles de forma represiva, también quita la vida a sandinistas y a otros policías. Presentamos como ejemplo de la inculpación arbitraria el caso del sandinista Roberto Carlos García que resguardando un supermercado con sus vecinos organizados en el sector de la P del H fue asesinado por elementos armados, y Confidencial afirma que fue disparado por una camioneta de antimotines.

En este momento para el público en general el escenario es bastante confuso por la violencia, los multitud de eventos fatales, los muchos actores en el campo y en los medios (personajes antes desconocidos que comparecen como representantes del movimiento 19 de abril de estudiantes universitarios, sacerdotes de la iglesia católica, representantes de la empresa privada, y ONG’s), y finalmente la acción propagandística de las plataformas digitales y los medios de comunicación que funcionaron como vectores de información no confirmada tomada como verdadera, que condicionó en función de su narrativa la opinión y el ánimo del público.

El domingo 22 de abril se da la derogación de la reforma del INSS, pero ya el sábado 21 el gobierno expresa la voluntad de la creación de una mesa de negociación para encontrar alternativas respecto al seguro social. El diálogo nacional en esos momentos ya se avistaba como medida a tomar para la crisis. La protesta que no se detuvo, claramente iba más allá.

El 21 de abril el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua Silvio Baez declara en una concentración de manifestantes y sacerdotes en la catedral de Managua: “Yo quisiera agradecerles, en nombre de la Iglesia, porque ustedes son la reserva moral que tenemos”. La prensa nacional los alaba del mismo modo.

Hace hincapié en las ideologías: “Tengan cuidado. No se dejen cegar por ideologías políticas. La causa de ustedes es una causa de justicia social. (…) las ideologías piensan por el pueblo, pero no están dispuestas a dejar pensar al pueblo”.

Hay ideologías que deben dejar de existir por ser nocivas, o en este caso por ser obstáculo al proceso llevado a cabo por la labor diligente en materia de ‘derechos y justicia social’ por parte de la iglesia.

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Publicación del 9 de mayo en el grupo de Facebook VENTAS LOCAS NICARAGUA, esta viene a ser el eco de una serie de contenidos que promocionan la imagen del monseñor Silvio Baez en la coyuntura de crisis en abril, y que le afianza como personaje ante la opinión pública

En otra oportunidad el Silvio Baez declara denunciando la represión: “Hace muchos años que en Nicaragua vivimos en dictadura”.

Existe una dicotomía respecto a la percepción de los estudiantes que protestan: son loados cuando estos marchan contra el gobierno al que adversan explícitamente, pero cuando antes se manifestaron durante el gobierno liberal de Enrique Bolaños en razón de la defensa del 6% La Prensa (2005) los señala como vándalos con máscara, citamos:

“¿Se le puede llamar estudiante a un individuo enmascarado que tira piedras, lanza morteros y quema vehículos? Definitivamente que ¡no! No hay excusa posible en la situación actual del país, cuando existe libertad de expresión, de asociación y de movilización, para actuar como un guerrillero.

Estos mal llamados estudiantes parecen carecer de criterio propio, pues se dejan manipular, cual fichas de ajedrez, en las manos de los dirigentes sandinistas. Si no es manipulación y actúan de forma tan salvaje con total conciencia, definitivamente que lo mejor sería cerrar las universidades [públicas]que producen semejantes antisociales”.

Pero hay una diferencia importante entre las marchas de esos años con las presentes, estas tienen personas apertrechadas con armas de fuego real, y los bloqueos a las vías de comunicación están coordinados por grupos que no son precisamente estudiantes, puesto que los que hacen presión con la intensidad de los mismos para obtener resultados en la mesa de diálogo son, tanto la iglesia, como colectivos sentados en la mesa de diálogo como UPANIC; veamos:

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Declaraciones de monseñor Baez en una de las mesas de diálogo en mayo (replicadas en Twitter) donde insinúa deliberadamente no sólo coordinación con colectivos de la Sociedad Civil en cuestión de pronunciamientos, sino influencia en la conformación de las movilizaciones y bloqueos

El posicionamiento del personaje Baez en la opinión pública ya tiene algunos años, en el 2016 se pronuncia sobre el movimiento anticanal a favor de estos; de modo que, con promoción en los medios (en este contexto), y su posición en la Conferencia Episcopal de Nicaragua(CEN), hace declaraciones condicionando su participación en la mesa de diálogo con la posición de que si el gobierno no muestra interés en cosa de un mes, la iglesia se retirará del proceso (La Prensa 24 de abril).

Efectivamente el gobierno llamó al diálogo a la mayor brevedad, pudo notarse en el anuncio de anuencia a la visita a la CIDH el 14 de mayo, y el inicio del trabajo de la mesa de diálogo el 16 de mayo.

Pero existe una particularidad en el proceso llevado en esta mesa, el grupo de la sociedad civil hoy llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es en la negociación la parte opuesta al gobierno; la iglesia católica tiene una condición de mediadora, que está seriamente minada por la clara parcialización a favor de la oposición, y esto se extiende en la negación continua de una serie de hechos: la existencia actual de armas en los tranques de forma general entre las personas que los ocupan, las violaciones de los derechos humanos de las personas sandinistas, y otros delitos cometidos por los ‘manifestantes’.

Debido a la presencia de personas armadas dentro de las protestas, hoy ya denunciada profusamente por varios medios y personas en redes sociales e imperceptiblemente por noticias que han cubierto atentados contra funcionarios públicos, militantes sandinistas, y población en general, los estudiantes con la inoculación de estos elementos desde fechas tempranas del conflicto se han ido retirando progresivamente de estas movilizaciones, y es evidente en la calle que los que tienen presencia en los bloqueos, ya no son estudiantes.

 

 

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